Abogado de la generación 1987 de la Facultad de Derecho. Se ha desempeñado en casos de litigación compleja tanto a nivel nacional como internacional, consolidando una trayectoria marcada por su participación en instancias de alto impacto en materia de derechos humanos.

Fue nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA como uno de los cinco expertos encargados de investigar la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, México. En 2019 integró el panel de expertos que asesoró al comité encargado de elegir al próximo fiscal de la Corte Penal Internacional y, a fines de ese mismo año, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU lo convocó como experto para participar en una misión especial de investigación sobre Venezuela. Ha asumido la representación de ministros de Estado en acusaciones constitucionales presentadas en el Congreso Nacional.

Actualmente es socio fundador del estudio Balmaceda, Cox y Piña.