Por Rafael Mery Nieto, Director de Inteligencia Artificial y Derecho y profesor del Departamento de Derecho de los Negocios de la Universidad Diego Portales.
La educación jurídica en Chile enfrenta un desafío estructural: formar abogados para un nuevo entorno profesional.
La masificación de la profesión se ha traducido en dificultades persistentes de inserción laboral, en una fragmentación del mercado legal en segmentos fuertemente estratificados y, más profundamente, en una erosión progresiva del ethos que históricamente había conferido legitimidad social a la figura del abogado.
La abogacía fue durante décadas una promesa de movilidad social. Esa promesa resulta hoy, cuando menos, problemática. Las cifras son elocuentes: en 2025, casi 50.000 estudiantes se encontraban matriculados en 48 universidades que impartían la carrera, y solo ese año juraron 5.156 nuevos abogados. En el decenio 2016-2025, el total de titulados alcanzó los 40.300. Estos datos no son un indicador de democratización profesional; son el síntoma de una sobreproducción que el mercado no está siendo capaz de absorber.
El exceso de egresados comprime los salarios de entrada y precariza trayectorias que antaño ofrecían estabilidad. Pero el problema no es solo cuantitativo: el sistema produce abogados en universidades que difieren notablemente en calidad, reputación y recursos -diferencias que el mercado reconoce, pero cuya arquitectura curricular y metodológica es sorprendentemente convergente: mismo dogmatismo expositivo, mismas carencias prácticas, mismo perfil de egreso. En un mercado saturado, esa homogeneidad curricular opera como una desventaja estructural, independientemente del sello institucional.
Mientras el mercado profesional cambia, el modelo pedagógico permanece prácticamente intacto: clase magistral, evaluación memorística y desconexión con la práctica forense. Los incentivos institucionales reconducen la docencia hacia los patrones tradicionales, ahora instrumentalizados mediante diapositivas. La forma cambia; la sustancia persiste. El desfase con el mercado se agudiza: quienes hoy se posicionan de manera competitiva son abogados capaces de integrar conocimiento normativo con habilidades estratégicas y tecnológicas, y de traducir complejidad jurídica en decisiones accionables. A ello se suma la inteligencia artificial, que está erosionando el valor económico de las tareas rutinarias del abogado. La automatización no amenaza al jurista que razona; amenaza al que solo reproduce.
La respuesta institucional ha sido, en términos generales, superficial: se incorporan cursos de innovación, se invocan las habilidades blandas, se menciona la tecnología; pero el núcleo curricular -qué se enseña, cómo se enseña y con qué finalidad- permanece intacto. El sistema opera bajo el supuesto de que su función central es la transmisión de un saber normativo acumulado. El mercado y la tecnología apuntan en sentido radicalmente distinto: lo que se requiere no son profesionales que simplemente conozcan el derecho, sino juristas capaces de pensar como abogados: de argumentar con rigor, identificar el problema relevante y construir soluciones en contextos de incertidumbre.
¿Cómo orientar la reforma?
Los programas de derecho deben abandonar el modelo de acumulación enciclopédica de asignaturas y reorientarse hacia la formación de competencias para un entorno donde el conocimiento normativo es inmediato y ubicuo. Una reforma curricular debería contemplar: (i) situar en el centro el derecho privado -en particular el derecho civil, columna vertebral del pensamiento jurídico continental; (ii) reducir la carga teórica en asignaturas esencialmente prácticas, como el derecho procesal; (iii) trasladar al posgrado materias de alta especialización -tributario, laboral, concursal, ambiental- y racionalizar la oferta de derecho público; (iv) incorporar formación sistemática en ciencias sociales y humanidades que dote al jurista de marcos interpretativos más amplios que el solo texto normativo; (v) enseñar el derecho desde la perspectiva del operador jurídico que el estudiante está llamado a ser, situándolo en las decisiones reales de jueces, abogados litigantes, asesores corporativos y reguladores; y (vi) integrar el uso crítico de herramientas de inteligencia artificial como parte constitutiva de la formación, no como anexo extracurricular.
En definitiva, la tarea pendiente de la educación jurídica chilena es enseñar a pensar y formar el criterio de los futuros abogados. Menos memorización y más juicio. Menos derecho como fin en sí mismo y más derecho como instrumento de creación de valor en contextos de complejidad creciente. La reforma no es un lujo académico: es una condición de legitimidad de las facultades de derecho frente a los estudiantes que confían en ellas y frente a la sociedad que las sostiene.
